Alejandro Pérez
14, enero, 2026
Lo ocurrido recientemente en Campeche con la detención del rector de la Universidad Autónoma, José Alberto Abud Flores, seguida de una maniobra política para imponer, extramuros y a modo, a una nueva rectora, Fanny Guillermo Maldonado, no es un hecho aislado ni una anomalía administrativa. Es, en realidad, la expresión más clara de un patrón: el uso del poder público como garrote político, la colonización de las instituciones y la normalización del abuso como método de gobierno.
En Campeche no gobierna el Estado de derecho. Gobierna la voluntad de una sola persona, y todo lo que no se alinea es castigado, exhibido o silenciado. Layda Sansores San Román lidera Campeche con mano dura desde 2021, combinando una larga trayectoria política con controversias por presuntos abusos contra críticos. Militante de Morena y primera mujer gobernadora del estado, su gestión destaca por programas sociales, pero genera rechazo por hostigamiento a periodistas y opositores vía denuncias judiciales.
Nacida en 1945 en Campeche, hija del exgobernador Carlos Sansores Pérez, es psicóloga por la UNAM y maestra normalista. Inició en el PRI (años 60-90), renunció en 1996 por desacuerdos y corrió por la gubernatura con PRD en 1997 (41.2% votos, reprimida por protestas). Senadora y diputada federal múltiples veces (1994-2018), alcaldesa de Álvaro Obregón (2018-2021), ganó la gubernatura en 2021 con mayoría absoluta.
Estilo de Gobierno y «Martes del Jaguar»
Su programa semanal expone chats y audios de rivales como Alejandro Moreno «Alito» (PRI), generando escándalos nacionales. El programa “Martes del Jaguar” es quizás el símbolo más grotesco de su forma de ejercer el poder. Desde una tribuna oficial, con recursos públicos y sin derecho de réplica, la gobernadora exhibe audios, chats y conversaciones privadas, acusa sin sentencia y condena sin juicio. No es rendición de cuentas, ni combate a la corrupción; es linchamiento político institucionalizado.
Ahí lejos de informar, se intimida; lejos de impulsar acciones de gobierno, se ajustan cuentas. Curiosamente, algunos de los avances reportados en esos espacios, incluyen inversión social y educación; sin embrago, casi el 60 % de campechanos la reprueba por opacidad y censura, según sondeos 2025.
Controversias Legales y Sanciones
En el gobierno de Layda Sansores se acumulan fallos por violencia política de género (VPG):
– 2023TEPJF multa 14,433 pesos y registra en RNPSVPG por ataques a diputadas PRI.[12]
– 2024: DOS años en registro (modificado); 5 periodistas multados 4,811-7,697 pesos c/u por criticarla.
Denuncias contra ella generan asimetría: impone a periodistas como Jorge González (Tribuna Campeche) 2 mdp POR “daño moral”, censura previa y embargos (2025).
Casos contra Periodistas y Opositores
– La Barra Noticias (2023-2025): 3 periodistas forzados a disculpas públicas por VPG.
– Tribuna Campeche (2024-2025): Censura judicial, multas y amenazas de prisión.
– Telemar (2025): Fiscalía exige datos por 20 notas críticas.
Este es un Patrón de actuación, denunciado por Artículo 19 como persecución sistemática, violando libertad de expresión. Bajo el discurso de la transformación, ha instaurado un modelo donde la crítica se penaliza, la disidencia se judicializa y la ley se interpreta según el humor de Palacio.
Tal como se advierte, el abuso no se queda en el discurso. Layda Sansores ha convertido al aparato judicial en una extensión de su voluntad. Multas, sanciones, embargos, disculpas públicas forzadas, censura previa y amenazas de prisión se aplican con bisturí político: castigan al crítico y protegen al leal.
Periodistas sancionados por opinar; medios acosados por investigar; opinadores obligados a callar o pagar.
Mientras que las denuncias contra la gobernadora se diluyen, se posponen o simplemente no prosperan. La ley no es pareja; es instrumental.
Sansores encarna lealtad a la 4T, pero su autoritarismo judicial la posiciona como figura polarizante en Morena, con retos electorales en 2027.
La presidenta y el silencio cómplice
La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche y la posterior imposición de una rectora mediante maniobras políticas fuera del campus no solo violan principios universitarios: confirman que no hay espacio autónomo que el poder no intente controlar.
Si la universidad, como toda universidad es símbolo histórico de pensamiento crítico, puede ser intervenida, ¿qué queda a salvo?. Ni fue error, ni improvisación; dijera Trump fue una ejecución perfecta y perversa.
Y aquí entra el elemento más grave: la complicidad desde el centro. Porque Layda Sansores no gobierna sola. Gobierna sabiendo que no será tocada, que sus excesos serán tolerados y que, pase lo que pase, la Presidencia mirará hacia otro lado.
La presidenta la solapa, la protege, la normaliza. Aunque hoy, La presidenta C Claudia Sheinbaum haya dicho que “investigara” el caso del Rector, lo más probable que como en la generalidad de los casos, habrá silencio, y desde la Presidencia el silencio no es neutralidad: es aval político.
Morena y el riesgo de normalizar el autoritarismo
El problema ya no es solo Layda Sansores. El problema es lo que representa: la normalización del abuso de poder dentro de Morena, bajo la idea de que todo se justifica si se hace “en nombre de la transformación”. La historia es muy clara, miles de ejemplos demuestran que ningún proyecto político sobrevive cuando confunde fuerza con autoritarismo y lealtad con impunidad.
Lo que hoy ocurre en Campeche no es un asunto local. Ha sido un laboratorio nacional. Un anticipo de lo que pasa cuando el poder no tiene contrapesos, cuando el discurso moral sustituye a la ley y cuando el gobernante cree que el cargo le da derecho a callar a los demás.
Entonces, como pasa en Campeche, se corre el riesgo de que a mayor dificultad de control en los próximos procesos electorales, México siga gobernado por el miedo, como hasta hora, y no por el ejercicio político del consenso., por la violencia y no por la razón; por el capricho personal o de quienes no quieren perder el Poder, no por la ley.
La historia es clara y no perdona: los gobiernos que persiguen críticos, terminan persiguiendo ciudadanos. Los que callan periodistas, acaban silenciando instituciones. Y los que creen que el poder es eterno, suelen caer sin entender por qué.
Campeche hoy no necesita más discursos, necesita límites.
Y el gobierno de Morena y la Presidenta de México, necesitan entender que el autoritarismo no siempre llega con botas: a veces llega con micrófono, toga judicial y aplausos oficiales.
Porque cuando el poder se ejerce porrilmente, la democracia deja de ser gobierno
y se convierte en escarmiento.
Alejandro Pérez
