El Partido del Trabajo se une al posicionamiento emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relativo a la falta de pruebas para sostener que México es un enemigo extranjero de los Estados Unidos. La fiscal general de ese País, buscando reflectores y quedar bien con su patrón, el presidente Trump, hizo declaraciones sin mirar la paja propia en su ojo. Ella omite reconocer que el gobierno de su país está padeciendo la infiltración de mafias de delincuentes de cuello blanco y de narcotraficantes. Oculta indiciar a los bancos que lavan dinero de las mafias existentes; no ha querido realizar actos tendientes a detener a las cabezas de esos grupos delincuenciales y poco hace por atrapar a “peces gordos”
El PT hace un llamado a la Secretaría de Protección Civil, a efecto, que de manera inmediata destine recursos humanos y económicos para auxiliar a la población de la Sierra de Zongolica; varios municipios sufren las consecuencias devastadoras de los dos últimos fenómenos climáticos. Urge activar refugios provisionales como prevención de eventos más dañinos; tener disponible maquinaria necesaria para retirar material que obstruya las vías de comunicación y prevenir a la población para que tome medidas adecuadas de protección.
Un ente que resulta innecesario y muy caro para quienes pagan impuestos lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA). Múltiples quejas de extrabajadores favorecidos por laudos condenatorios, así como sus respectivos abogados manifiestan que el TECA es un “elefante blanco” porque su incapacidad para ejecutar sus laudos. “Su medida punitiva” no rebasa el imponer 10 UMAs como sanción a los entes condenados e incumplidos; hasta ahí llega su imperio. Entonces, se impone la desaparición de dicho tribunal y que su personal sea incorporado a Tribunal Superior de Justicia, concediéndoles basificación y reconocimiento de antigüedad.
Causa extrañeza al PT que el sindicato del INFONAVIT esté en contra de la regularización de quienes habitan viviendas abandonadas y que tienen la oportunidad de tener una casa de manera legal. Efectivamente, tienen el derecho de denunciar quienes acrediten ser dueños de esas viviendas; a quienes, por cierto, es sugerible se les informe que de tener más de 20 años de abandono pueden ser reconvenidos por la acción de prescripción negativa.
¿Cuál es el verdadero interés del sindicato? Ellos tienen facultades exclusivas emanadas de la ley, que excluye ser defensores de oficio de nadie que los ha requerido para tal efecto..
En otro contexto, una vez terminadas las auditorías a los recursos federales, la ASF (Auditoría Superior de la Federación) detectó en el primer informe parcial del último gobierno de Cuitláhuac una considerable irregularidad en la cuenta pública 2024. Se trata del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y de participaciones federales sumando la cantidad de 70.3 millones de pesos, convirtiendo a Veracruz en el estado con mayor monto de observaciones del país con tan solo 3 auditorías, se espera que en los próximos meses se presenten los demás informes completando así la fiscalización del ejercicio 2024.
En espera de que terminen las auditorías y que se aclare la cuenta pública, el PT condena los actos de corrupción por lo cuál apoya a la Federación y a la Gobernadora por las acciones que tomen.
Por último. La prórroga otorgada al rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, ha provocado reacciones adversas en distintos sectores de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. El procedimiento fue ejecutado sin convocatoria pública, sin debate abierto y, por tanto, sin participación plural.
Lo anterior motivó una solicitud -que hasta el día de hoy suma más de 700 firmas- dirigida al Congreso local, exigiendo la revisión del actuar de la Junta de Gobierno.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, ha declarado que el Congreso está en disposición de atender la petición si ésta se presenta formalmente.
No es menor que una universidad pública, financiada con recursos del pueblo, decida la continuidad de su rector bajo mecanismos cerrados y sin transparentar criterios.
