Xalapa, Ver., miércoles 18 de febrero de 2026.- Las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la Cuenta Pública 2024 del municipio de Xalapa, correspondiente a su administración municipal, son parte de auditorías de cumplimiento y se encuentran en proceso de solventación conforme a la normatividad vigente, sin que exista daño patrimonial, puntualizó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.
Explicó que se trata de procedimientos ordinarios a los que están sujetos todos los municipios y entidades federativas del país, consistentes en requerimientos de información complementaria como anexos documentales, fotografías, bitácoras y actas de Entrega–Recepción.
Precisó que, en el caso de Xalapa, la ASF solicitó documentación adicional relacionada con 21 millones de pesos, dentro de una inversión global superior a mil 500 millones, así como aclaraciones administrativas vinculadas a 176 millones en obras públicas, particularmente actas de Entrega–Recepción que obran en los expedientes unitarios de cada obra.
“El señalamiento de posible daño patrimonial es incorrecto. No se trata de desvío de recursos, obras inexistentes ni uso indebido del gasto público. Se trata únicamente de solicitudes de información que se atenderán en tiempo y forma, como ocurre en todos los municipios del país”, subrayó.
Ahued Bardahuil destacó que cuenta con la totalidad de la documentación física y digital, incluyendo expedientes técnicos completos, evidencia fotográfica del antes, durante y después de cada obra, planos de ubicación, contratos, estimaciones y actas firmadas por vecinos y autoridades, información que será entregada de inmediato a la autoridad fiscalizadora.
“El que nada debe, nada teme. La transparencia no se presume, se demuestra con documentos, y esos documentos existen”, afirmó.
Finalmente, reiteró su plena disposición para atender cualquier requerimiento adicional de la ASF y del ORFIS, y llamó a evitar interpretaciones erróneas que confundan a la ciudadanía, subrayando que no existe daño patrimonial ni irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
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