Alejandro Pérez
3 de febrero, 2026
La desaparición de personas en México constituye uno de los fenómenos más complejos y persistentes del panorama contemporáneo. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta julio de 2025 se acumulaban aproximadamente 367,392 personas desaparecidas desde 1952.
De ese total histórico, 237,382 (64.61%) han sido localizadas, mientras que 130,010 (35.39%) permanecen no localizadas.
El dato agregado sugiere una tasa histórica de localización mayoritaria; sin embargo, la información pública disponible presenta limitaciones relevantes: no existe un desglose sistemático y homogéneo por año y entidad que permita distinguir con precisión cuántas personas fueron localizadas con vida y cuántas sin ella.
El RNPDNO privilegia el registro de la desaparición, pero no siempre ofrece trazabilidad completa sobre el desenlace. Esta característica metodológica condiciona cualquier análisis comparativo anual.
Evolución reciente (2019–2025)
Entre 2019 y 2025 los nuevos registros anuales han oscilado entre 16,000 y más de 33,000 casos. Tras una disminución coyuntural en 2020 (asociada a restricciones de movilidad por la pandemia), se observó un repunte sostenido en 2021 y una estabilización en niveles altos durante 2022–2025, con promedios cercanos a 30,000–33,000 nuevos casos anuales.
Las tasas anuales de localización se estiman entre 45% y 57%, aunque varían por entidad y periodo. Ejemplos regionales ilustran esta heterogeneidad: en Guanajuato (abril–junio 2025), de 253 reportes se localizaron 68 personas (26.87%), de las cuales 55 fueron halladas con vida. No obstante, estos datos no pueden generalizarse sin reservas metodológicas.
Distribución por sexo: predominio masculino, incremento femenino reciente
Históricamente, alrededor de 76% de las personas desaparecidas son hombres y cerca de 23% mujeres. Sin embargo, en 2025 la proporción mostró una variación relevante: aproximadamente 62.84% hombres y 37.13% mujeres, lo que indica un aumento relativo en la participación femenina dentro de los registros recientes.
En entidades como Jalisco, Estado de México y Chihuahua, los hombres jóvenes concentran la mayor parte de los casos vigentes. Este patrón sugiere vínculos con dinámicas de violencia asociadas a economías ilícitas, reclutamiento criminal o conflictos territoriales.
En el caso de las mujeres adolescentes, diversos análisis académicos y periodísticos han señalado la posible relación entre desaparición y redes de trata o explotación sexual, aunque la confirmación estadística sistemática enfrenta las mismas limitaciones de registro ya mencionadas.
Edad: concentración en juventud y crecimiento en menores
El grupo históricamente más afectado es el de 20–34 años, con especial concentración en 25–29 años (aprox. 18–20% de no localizados). Este segmento representa la franja demográfica de mayor incidencia acumulada.
No obstante, los incrementos porcentuales más acelerados en los últimos años se observan en adolescentes:
• 10–14 años: crecimiento aproximado de 72% (2023–2025).
• 15–19 años: incremento cercano al 63%, con mayor presencia femenina.
Los registros históricos estiman entre 112,000 y 118,000 casos correspondientes a personas de 0–17 años (aprox. 30–32% del total acumulado). Tres de cada cuatro menores no localizados pertenecen al rango 12–17 años.
En noviembre de 2025, aproximadamente 21% de los casos mensuales correspondieron a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Este dato confirma la creciente vulnerabilidad de la población juvenil.
Concentración territorial
Las entidades con mayor número de personas no localizadas vigentes concentran cerca de la mitad del total nacional:
• Jalisco (~25,000)
• Guanajuato (~15,000)
• Estado de México (~12,000)
• Tamaulipas (~8,000)
• Chihuahua (~4,700)
En regiones con presencia consolidada de organizaciones criminales —como Sinaloa, Michoacán o Guerrero— la incidencia adquiere dimensiones particularmente críticas. Incluso en estados donde el discurso oficial proyecta estabilidad, como Veracruz, los reportes recientes indican que el fenómeno no es marginal.
Limitaciones institucionales y debate público
Un elemento central del debate radica en la calidad y transparencia de la información pública. Aunque el RNPDNO permite consultas interactivas, no siempre ofrece desagregaciones sistemáticas sobre resultados finales (vivo/muerto) por año y entidad. Esta ausencia dificulta la evaluación comparativa de políticas públicas y la medición precisa de efectividad institucional.
Las organizaciones civiles y colectivos de familiares han cuestionado esta opacidad metodológica, señalando la necesidad de mayor claridad, homologación de criterios y rendición de cuentas. La persistencia del fenómeno, combinada con información fragmentada, ha generado percepciones de insuficiencia institucional.
Consideraciones finales
La desaparición de personas en México presenta tres rasgos estructurales:
• Persistencia temporal: no se trata de un fenómeno coyuntural, sino acumulativo.
• Concentración juvenil: el núcleo demográfico afectado se ubica entre 15 y 34 años.
• Asimetría informativa: la disponibilidad de datos sobre desenlaces es limitada.
El total acumulado supera las 367,000 personas de todas las edades, desparecidas desde 2019 hasta 2025.
El desafío no es únicamente cuantitativo, sino institucional. Mientras el país acumule más de 130,000 personas no localizadas vigentes y carezca de información plenamente sistematizada sobre su destino, el fenómeno seguirá siendo no sólo un problema de seguridad pública, sino un indicador de fragilidad estructural del Estado.
La dimensión humana supera cualquier cifra. Pero el primer paso para enfrentarla con seriedad es que los datos, completos, consistentes y verificables, estén plenamente disponibles para el escrutinio público.
La desaparición no es únicamente un delito; es la evidencia acumulada de una falla estructural. Cuando el Estado registra, pero no esclarece; cuando informa, pero no transparenta; cuando promete, pero no sistematiza resultados, el silencio deja de ser neutral.
La omisión prolongada erosiona legitimidad. La fragmentación de datos impide evaluar políticas; y la falta de claridad sobre responsabilidades institucionales alimenta la percepción; cada vez más extendida; de que el problema se administra más de lo que se enfrenta.
Para las familias, la desaparición no es una cifra acumulada sino una suspensión indefinida del tiempo. La ausencia sin certeza impide el duelo y prolonga la incertidumbre. Mientras los registros se actualizan en plataformas digitales, madres y padres siguen buscando en campo.
Esa brecha, entre la estadística oficial y la búsqueda social, constituye uno de los indicadores más severos de desconfianza pública. Cuando la ciudadanía asume funciones que corresponden al Estado, el problema deja de ser operativo y se convierte en político.
El efecto final trasciende a las víctimas directas. Una sociedad que normaliza más de 130 mil personas no localizadas vigentes incorpora el miedo como variable cotidiana. La desaparición sistemática mutila el tejido social: inhibe movilidad, fractura comunidades, desarticula proyectos de vida y erosiona la paz pública. No es solo un fenómeno criminal; es un factor de inestabilidad estructural.
Mientras el silencio institucional prevalezca sobre la rendición de cuentas efectiva, la herida seguirá abierta, ampliándose con cada nuevo registro.
Alejandro Pérez
