Por Si Estaban Con El Pendiente.
Quetzalli Carolina Vázquez
El llamado Cártel Inmobiliario de Veracruz existe, opera y se reproduce; es una red que hoy se sostiene sobre expedientes judiciales, contratos notariales, certificaciones oficiales y resoluciones de jueces que, en conjunto, conforman una maquinaria perfectamente aceitada para despojar a personas de sus propiedades.
En una primera entrega de esta columna se dieron a conocer nombres de presuntos involucrados; hoy, esa red muestra más nombres, más casos y más víctimas.
En los expedientes revisados reaparece el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza, señalado como el fedatario con mayor número de operaciones irregulares, y se suma Tomás Trujillo Márquez, titular de la Notaría 24 de Alto Lucero, quien habría dado forma jurídica a escrituras cuyo origen es ilegal.
El mecanismo es recurrente y preciso: una persona que no es propietaria aparece como dueña; un notario certifica la operación; Catastro y el Registro Público “confirman” la propiedad; y un juez ordena desalojos con base en documentos que aparentan legalidad.
Algunos casos se regustran en el municipio de Emiliano Zapata, en terrenos cercanos a la Hacienda El Lencero; predios expropiados como fundo legal en septiembre de 1931, durante el gobierno de Adalberto Tejeda, hecho verificable en la Gaceta del Estado número 107.
El predio original se denomina Vista Hermosa. Sin embargo, en los documentos con los que hoy se intenta concretar despojos, el nombre fue modificado a “Buena Vista”.
En varios de los casos aparece José Francisco Delgadillo Crivelli, quien se ostenta como propietario y ha promovido acciones penales y civiles para la restitución de los terrenos.
En la carpeta penal 229/2021, Delgadillo Crivelli presentó un contrato de compraventa certificado por la notaría de Díaz Pedroza, basado en una escritura fechada el 8 de abril de 2019 y sellada en septiembre del mismo año, que ampararía una fracción del predio “Buena Vista”, el origen de esa escritura es aún más delicado: fue elaborada por Tomás Trujillo Márquez, quien escrituró a favor de Felipe Morales y Lagunes, una persona que no es el legítimo propietario, y quien posteriormente “vende” el predio a Delgadillo Crivelli.
En la documentación presentada ante la autoridad se describen calles y colindancias que no existían al momento de la supuesta compraventa. La nomenclatura fue colocada después por el entonces presidente del Concejo Municipal de Emiliano Zapata, José Manuel Carmona Fernández; fue durante su gestión que se reportó la pérdida de archivos catastrales, y es el mismo personaje que trabajó durante muchos años en la notaría de Díaz Pedroza… Las piezas encajan solas.
En al menos cinco casos, Delgadillo Crivelli se presenta como propietario y exige la restitución de predios, en algunos de ellos, los verdaderos dueños han sido encarcelados, liberados posteriormente y obligados a firmar semanalmente ante la autoridad bajo el argumento de que podrían huir del país, una medida desproporcionada tratándose de personas de escasos recursos, cuya única “falta” ha sido estorbar un negocio inmobiliario millonario.
Y en esta historia hay un entramado familiar: José Francisco Delgadillo Crivelli quien promueve desalojos y se dice legítimo propietarios de lotes, es hermano de Rodrigo Delgadillo Crivelli, exaspirante a magistrado penal y hoy magistrado electoral en funciones en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, un dato que, debería alertar sobre probable conflictos de interés y posibles redes de protección.
Existe además otro contrato certificado por Tomás Trujillo Márquez, en el que Yeni Salazar Badillo, José Alfredo Mendoza Hernández, María del Carmen García González y Felipe Morales y Lagunes aparecen como compradores de una fracción de varios cientos de metros cuadrados, supuestamente adquirida a Beinardo Ávila Ceballos, quien también se ostenta como propietario con escrituras presuntamente falsas emitidas desde la misma notaría de Alto Lucero.
La red de corrupción podría incluir a Alma Rosa Álvarez Reyes, entonces encargada del Registro Público de la Propiedad, quien en marzo de 2019 certificó que Felipe Morales y Lagunes estaba inscrito como propietario de dos fracciones del predio Buena Vista, cuando en los hechos no lo era.
En la demanda promovida por Delgadillo Crivelli se otorgó personalidad jurídica a los abogados Roberto Rodríguez Cruz, Víctor Manuel Trino Hernández Carrera, Adrián Eduardo Gómez Ortega, Alfredo Altamirano Muñoz, Iván Rodríguez Aguilar y Maximiliano Luna Aguilar, este último aparece en otro caso como testigo de la falsa compraventa mediante la cual se intentó el despojo de la Casa de las Ánimas, mientras varios de estos abogados también participaron como defensa legal en ese mismo caso, documentado previamente en este espacio.
El negocio ya produjo ganancias, uno de los predios fue revendido por el propio Delgadillo Crivelli a una persona de nombre Edgar Enríquez; quien se presentó con escrituras en mano a bardear el terreno; el detalle es que: legalmente tampoco le pertenece, pues lo adquirió mediante una operación irregular.
El Cártel Inmobiliario de Veracruz no roba con violencia visible, sino firmas, sellos, cargos públicos y resoluciones judiciales y mientras no haya sanciones penales y administrativas contra notarios, funcionarios y abogados involucrados, el mensaje seguirá siendo que el despojo se tolera y que la ley no alcanza para defender a los más desprotegidos.
