Prórroga venció el pasado mes de diciembre de 2025
POZA RICA, VER.- A partir del día 1 de enero de 2026, el cobro del servicio de parquímetros en el municipio de Poza Rica enfrenta serios cuestionamientos sobre su legalidad, luego de que venciera la prórroga otorgada a la empresa operadora SM Vial el pasado 31 de diciembre de 2025.
De acuerdo con la información disponible, actualmente no existe un contrato vigente ni autorización por parte del Congreso del Estado o del cabildo municipal que respalde la continuidad del cobro, lo que abre la posibilidad de que los pagos realizados por los ciudadanos carezcan de sustento legal.
Durante la administración encabezada por Fernando Remes Garza, se habría aprobado una prórroga que permitió a la empresa continuar operando, sin embargo, dicho acuerdo concluyó oficialmente al cierre de 2025, desde entonces, no se ha aclarado el destino de los recursos recaudados ni bajo qué figura se mantiene el servicio.
Cabe recordar que anteriormente el Ayuntamiento recibía el 32 por ciento de los ingresos generados por los parquímetros, sin que hasta el momento se haya confirmado si ese esquema continúa vigente o ha sufrido algún tipo de modificación, lo que resulta cuestionable para los ciudadanos.
La situación ha generado cuestionamientos directos sobre quién administra actualmente la recaudación y quién estaría permitiendo la operación del sistema sin un marco legal claro, en este contexto, ha llamado la atención el silencio de algunos funcionarios municipales, entre ellos el regidor Héctor Martínez Probo, comisionado en Tránsito y Vialidad Municipal,
Además resalta el nombre de la síndica y apoderada legal del Ayuntamiento, Reina Juárez Avilés, mientras que el área jurídica no ha emitido posicionamiento alguno, a esto se suman reportes ciudadanos sobre parquímetros en mal estado, la colocación de inmovilizadores vehiculares presuntamente irregulares y el pago de un servicio cuya vigencia estaría ya caducada.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han ofrecido una postura oficial que esclarezca la situación, lo que mantiene la preocupación entre la población sobre la legalidad del cobro y el manejo de los recursos públicos, por lo que piden el esclarecimiento de estos ingresos para saber en qué son utilizados.
