Pr\u00f3rroga venci\u00f3 el pasado mes de diciembre de 2025<\/p>\n
POZA RICA, VER.- A partir del d\u00eda 1 de enero de 2026, el cobro del servicio de parqu\u00edmetros en el municipio de Poza Rica enfrenta serios cuestionamientos sobre su legalidad, luego de que venciera la pr\u00f3rroga otorgada a la empresa operadora SM Vial el pasado 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n disponible, actualmente no existe un contrato vigente ni autorizaci\u00f3n por parte del Congreso del Estado o del cabildo municipal que respalde la continuidad del cobro, lo que abre la posibilidad de que los pagos realizados por los ciudadanos carezcan de sustento legal.<\/p>\n
Durante la administraci\u00f3n encabezada por Fernando Remes Garza, se habr\u00eda aprobado una pr\u00f3rroga que permiti\u00f3 a la empresa continuar operando, sin embargo, dicho acuerdo concluy\u00f3 oficialmente al cierre de 2025, desde entonces, no se ha aclarado el destino de los recursos recaudados ni bajo qu\u00e9 figura se mantiene el servicio.<\/p>\n
Cabe recordar que anteriormente el Ayuntamiento recib\u00eda el 32 por ciento de los ingresos generados por los parqu\u00edmetros, sin que hasta el momento se haya confirmado si ese esquema contin\u00faa vigente o ha sufrido alg\u00fan tipo de modificaci\u00f3n, lo que resulta cuestionable para los ciudadanos. <\/p>\n
La situaci\u00f3n ha generado cuestionamientos directos sobre qui\u00e9n administra actualmente la recaudaci\u00f3n y qui\u00e9n estar\u00eda permitiendo la operaci\u00f3n del sistema sin un marco legal claro, en este contexto, ha llamado la atenci\u00f3n el silencio de algunos funcionarios municipales, entre ellos el regidor H\u00e9ctor Mart\u00ednez Probo, comisionado en Tr\u00e1nsito y Vialidad Municipal,<\/p>\n
Adem\u00e1s resalta el nombre de la s\u00edndica y apoderada legal del Ayuntamiento, Reina Ju\u00e1rez Avil\u00e9s, mientras que el \u00e1rea jur\u00eddica no ha emitido posicionamiento alguno, a esto se suman reportes ciudadanos sobre parqu\u00edmetros en mal estado, la colocaci\u00f3n de inmovilizadores vehiculares presuntamente irregulares y el pago de un servicio cuya vigencia estar\u00eda ya caducada.<\/p>\n
Hasta el momento, las autoridades municipales no han ofrecido una postura oficial que esclarezca la situaci\u00f3n, lo que mantiene la preocupaci\u00f3n entre la poblaci\u00f3n sobre la legalidad del cobro y el manejo de los recursos p\u00fablicos, por lo que piden el esclarecimiento de estos ingresos para saber en qu\u00e9 son utilizados.
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