Coordinador Estatal
Vicente Aguilar Aguilar
Ante la tensión por los recientes operativos al transporte, reconocemos que la compañera gobernadora, Rocío Nahle Garcia optó por el diálogo en lugar de la represión. Sostenemos que el gobierno no debe confrontar a los trabajadores; tanto el compañero taxista como quien labora en plataformas digitales son parte de la misma clase trabajadora que busca el sustento diario. Es un error pretender resolver realidades modernas con reglamentos caducos, bajo ninguna circunstancia se debe criminalizar el trabajo honrado. El Estado debe ser facilitador y no un obstáculo para la gente que busca salir adelante. Pedimos una regulación clara que garantice piso parejo y certeza jurídica para todos, toda vez, que la verdadera justicia social nos obliga a proteger al trabajador.
Por otro lado, ante las graves denuncias sobre las carencias en el Hospital Infantil de Veracruz, reconocemos la intervención de la compañera gobernadora Rocío Nahle Garcia para auditar a quienes gestionan esta institución. Sostenemos que la salud, especialmente la de nuestros niños, es un derecho humano inalienable que no admite negligencias ni excusas burocráticas; resulta inadmisible que la falta de insumos o el descuido de la infraestructura pongan en riesgo la vida de los pacientes. La administración pública exige resultados, sensibilidad y una capacidad de mando que hasta hoy ha fallado. Exigimos una revisión exhaustiva que deslinde responsabilidades de inmediato y garantice un servicio digno.
México es ejemplo de tenacidad, heroísmo y esfuerzo, lo vimos durante el desempeño de nuestra selección mexicana, la cual dió todo para alcanzar nuestro mayor sueño deportivo, por todo eso, el PT exhorta a las autoridades de los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipales para el efecto de invertir más en infraestructura y actividades deportivas para preparar a nuestra niñez y a nuestra juventud para que ellos puedan potenciar sus aptitudes deportivas y destacar en las diversas disciplinas del deporte, el PT está a favor de la niñez y de la juventud estudiosa y destacada en el deporte mundial.
El Consejero Electoral Gandhi Olmos García, presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Ople, informó que ha recibido 37 escritos relacionados con posibles infracciones a la legislación electoral. Precisó que nueve de estos casos están vinculados con presuntos actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y posibles violaciones a los principios de imparcialidad y neutralidad. Entre las personas señaladas se encuentran diputados, senadores y servidores públicos del Gobierno del Estado. No obstante, aclaró que la sola presentación de una denuncia no implica la existencia de una falta, toda vez, que actualmente los expedientes se encuentran en etapa de integración. Una vez concluido este proceso, los asuntos serán remitidos al Tribunal Electoral de Veracruz, según sea el caso al INE o al OPLE.
El PT considera importante que los actores políticos deber respetar la normativa electoral.
Sobre la situación en el pozo Krem-1 de Las Choapas, exigimos a PEMEX que deje de darle vueltas y atienda de frente a las familias afectadas. La soberanía energética no puede ser pretexto para descuidar la salud de nuestra gente ni para destruir las tierras de cultivo y el ganado, que son el sustento de los ejidatarios. El daño está ahí y la remediación no puede esperar más; no se trata de pedir favores, sino de exigir justicia. La empresa debe responder, dialogar sin rodeos y reparar los daños.
Por último. El Partido del Trabajo, advierte que es un grave despropósito la pretensión de la concesionaria Grupo MAS al exigir que el Ayuntamiento de Veracruz absorba una supuesta cartera vencida de 2,600 millones de pesos. Sostenemos que resulta inaceptable la perversa lógica de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas; la hacienda municipal, independientemente de la administración en turno, no debe someterse al chantaje corporativo ni fungir como fondo de rescate ante la inoperancia de una trasnacional. Puesto que los recursos públicos son intocables y pertenecen a la ciudadanía, corresponde a las instancias fiscalizadoras frenar este amago de despojo; la verdadera justicia social exige que el erario sirva al bienestar del pueblo y nunca a los privilegios de unos cuantos
