La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a dos presidentes municipales, uno presuntamente relacionado con la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán; Congreso de Veracruz analiza su desafuero.
Se trata del presidente de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos integrantes del Partido Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con información confirmada por fuentes legislativas, la FGE presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de procedencia contra los municipes con la finalidad de retirarles la protección constitucional para que puedan enfrentar las investigaciones penales.
Según la versión presentada por la FGE ante la Comisión Instructora del Congreso, un testigo habría declarado que escuchó una conversación en la que el alcalde presuntamente solicitaba a un líder criminal de la región privar de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella poseía una fotografía donde aparecía portando un arma larga.
Hasta el momento, dichas acusaciones forman parte de una investigación ministerial y no constituyen una sentencia judicial.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la diputada Naomi Edith Santos Gómez, confirmó ayer que existen dos procedimientos de declaración de procedencia en curso y explicó que los alcaldes involucrados ya fueron notificados formalmente.
También precisó que cuentan con un plazo de siete días hábiles para responder por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora, plazo que vence el próximo martes.
Una vez agotada la etapa de defensa, la Comisión deberá analizar pruebas y alegatos para determinar si procede emitir un dictamen que posteriormente será sometido a votación del Pleno.
Cabe mencionar que ha sido evidente la creciente confrontación entre el gobierno estatal y Movimiento Ciudadano desde el inicio del proceso electoral en qué se renovaron alcaldías en el estado.
La gobernadora Rocío Nahle García sostuvo públicamente que algunos candidatos postulados por MC mantenían presuntos vínculos con actividades ilícitas y como ejemplo mencionó en diversas ocasiones el caso de Las Choapas, donde cuestionó la postulación de Jesús Uribe, quien terminó ganando la elección.
Por su parte, Movimiento Ciudadano ha denunciado una estrategia de presión política contra sus alcaldes, síndicos y regidores; el dirigente estatal del partido, Luis Carbonell, ha acusado públicamente actos de persecución y presiones para que autoridades municipales emanadas de MC abandonen las filas del partido naranja y se sumen al proyecto morenista.
Por ahora, la definición del caso está en manos de la Comisión Instructora del Congreso; si el dictamen concluye que existen elementos suficientes para retirar el fuero constitucional, el Pleno deberá votar el desafuero y abrir la puerta para que la Fiscalía continúe las investigaciones contra los ediles señalados.
Información de último momento revelan que el presidente municipal de Ixhutlán del Sureste promovió un amparo buscando no se detenido y puesto tras las rejas.
